Análisis del Acuerdo entre España y EE. UU. sobre Agentes de Seguridad en Vuelos

El 29 de diciembre de 2022, el Reino de España y los Estados Unidos de América suscribieron un acuerdo internacional para regular el despliegue de agentes de seguridad en vuelo (In-Flight Security Officers o IFSO, por sus siglas en inglés) en aeronaves comerciales que operan entre ambos países. Este acuerdo, que entró en vigor el 10 de enero de 2025 y se ha publicado hoy, 13 de marzo de 2025, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene como objetivo fortalecer la seguridad aérea frente a amenazas terroristas y otros actos ilícitos. A través de este artículo, se analizarán sus aspectos clave desde una perspectiva jurídica en el ámbito del derecho aeronáutico y la seguridad aérea. 

Este acuerdo se enmarca dentro de los principales convenios internacionales de seguridad aérea, tales como: 

• Convenio de Chicago (1944): establece la normativa básica para la aviación civil internacional. 

• Convenio de Tokio (1963): regula los delitos y ciertos actos cometidos a bordo de aeronaves. 

• Anexo 17 del Convenio de Chicago: establece medidas de seguridad para la aviación civil, incluyendo la presencia de agentes de seguridad a bordo. 

Asimismo, el acuerdo se fundamenta en el Convenio de Cooperación para Combatir la Delincuencia Grave, suscrito entre España y EE. UU. en 2009. No obstante, no menciona la Ley 209/1984, Penal y Procesal de la Navegación Aérea. 

El acuerdo se aplica a vuelos comerciales que combinan el transporte de pasajeros y mercancías. Esto incluye vuelos entre España y EE. UU., así como aquellos entre una de las Partes y un tercer Estado que transiten o aterricen en el otro país. 

• Estado Remitente (país que envía los agentes IFSO): debe notificar al Estado Receptor con al menos 10 días de antelación, garantizar la documentación y acreditación de los agentes, declarar armas y equipo antes de la salida y cumplir con las regulaciones del Estado Receptor. 

• Estado Receptor (país que recibe los agentes IFSO): debe facilitar la entrada y salida de los agentes y su equipo de acuerdo con su legislación y asumir la custodia de personas detenidas por los IFSO a bordo de los vuelos. 

Los agentes actuarán bajo la legislación del Estado Remitente desde el cierre hasta la apertura de las puertas de la aeronave. A partir del desembarque, el Estado Receptor pasa a ser competente, aplicándose sus leyes conforme al principio de territorialidad de las normas penales y de policía (artículo 8 del Código Civil). 

Desde el punto de vista del derecho aeronáutico, este acuerdo refuerza la seguridad aérea y la cooperación bilateral, alineándose con los principios de seguridad de la OACI. No obstante, plantea ciertos desafíos: 

• Compatibilidad con las legislaciones nacionales: los IFSO deben operar conforme a la normativa del Estado Remitente, salvo cuando se encuentren en el Estado Receptor. El acuerdo permite la entrada de equipos conexos a los IFSO conforme a la legislación de cada país, siendo este uno de sus principales objetivos, junto con la regulación de la actuación de los IFSO durante el vuelo. 

• Protección de derechos y garantías legales: es crucial que las actuaciones de los IFSO respeten los derechos fundamentales de los pasajeros. A este respecto, el acuerdo permite que agentes IFSO estadounidenses operen en aeronaves españolas y viceversa, lo que puede generar problemas, ya que los estándares de la policía estadounidense difieren significativamente de los aplicados por las fuerzas de seguridad españolas. Además, el acuerdo guarda silencio sobre el papel del comandante de la aeronave como última autoridad en materia de seguridad en vuelo, un principio recogido tanto en la legislación española como en el propio Convenio de Tokio. 

• Coordinación con terceros Estados: dado que el acuerdo también se aplica a vuelos con escala en terceros países, podrían ser necesarios acuerdos adicionales para evitar vacíos legales en la jurisdicción de estos Estados. 

IFALPA International Federation of Air Line Pilots’ Associations – IFALPA) ha expresado su postura respecto a la presencia de agentes armados a bordo de aeronaves comerciales y su postura es que ello puede generar riesgos operacionales y comprometer la autoridad del comandante del vuelo. La organización subraya la importancia de que cualquier despliegue de IFSO se realice con protocolos estrictos y sin afectar la seguridad operacional de los vuelos. 

En conclusión, aunque el acuerdo entre España y EE. UU. sobre la presencia de agentes de seguridad en vuelos representa un avance en la cooperación en materia de seguridad aérea, su implementación debe garantizar la compatibilidad con las normativas nacionales, la protección de derechos fundamentales y la coordinación efectiva con terceros países para evitar conflictos jurídicos.