No tengo acciones de Ferrovial, ni conozco a sus administradores o directivos, ni he tenido relaciones de ningún tipo con ellos o con Ferrovial. Es una desgracia que el Gobierno haya criticado, incluso, maltratado a Ferrovial por haber decidido trasladar el domicilio social a Países Bajos bajo el argumento de que la causa de este traslado es no pagar impuestos.
En primer lugar, las diferencias fiscales entre España y Países Bajos no son significativas. La tributación de los dividendos entre matriz y filial está exenta al 100% en Países Bajos, mientras que aquí está sujeto a una tributación del 5%. Pero también los neerlandeses podrían quejarse de las ventajas de nuestro sistema fiscal que perjudican a las haciendas de otros países, como el régimen de entidades de Valores Extranjeros (ETVE) y la Ley Beckham, que da un trato muy favorable a los ejecutivos que se desplazan a trabajar a España.
A Pedro Sánchez y a sus ministros habría que recordarles aquel versículo de los evangelios “¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?” (Mateo 7.3).
Desde el Brexit una parte muy significativa del trading de las acciones en euros se ha trasladado desde la Bolsa de Londres (LSE) a la Bolsa de Ámsterdam (Euronext Ámsterdam). Además, la Bolsa de Ámsterdam mantiene convenios con los mercados de valores norteamericanos. Buen número de empresas norteamericanas cotizan a la vez en Nueva York y en Ámsterdam. Nadie duda que estos mercados son más líquidos y profundos que el nuestro. Además, parece que Ferrovial tiene actualmente alrededor del 90% de su negocio en los EE UU.
El traslado a Ámsterdam tiene sentido puesto que su acción se apreciaría y Ferrovial podrá financiarse con mayor facilidad. La legislación neerlandesa permite a sus empresas denominar el capital social en dólares (o en cualquier otra moneda convertible), lo que está prohibido por nuestra Ley de Sociedades de Capital. La cotización en dólares será un atractivo para los inversores norteamericanos y asiáticos. Tampoco hay que confundir el traslado del domicilio social, con el cuartel general de Ferrovial que continuará en Madrid. Cualquier cliente de CaixaBank o de Banco Sabadell sabe que el hecho de que estén domiciliados en Valencia y en Alicante no ha impedido que las oficinas centrales para múltiples negocios continúen en Barcelona, sin que su clientela, proveedores o accionistas, se hayan resentido por ello.
Se han argumentado razones de seguridad jurídica a favor de Países Bajos. Desde la moción de censura del 1 de junio de 2018 se han aprobado 115 Reales Decretos Leyes, cuya mayoría se han convalidado por el Congreso de los Diputados por votación única y sin debate parlamentario.
Además, numerosas leyes se han tramitado como proposiciones de ley de la mayoría del PSOE y de Podemos sin los informes o dictámenes preceptivos del Consejo de Estado y de otros órganos consultivos.
Es tan ingente la cantidad de leyes que acaban en el BOE sin debate que conlleva a un enorme caudal de normas, todas ellas urgentes, dirigidas al ciudadano, que se encuentra indefenso, pues según el artículo 6.1 del Código Civil, “la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”.
El jurista alemán Carl Schmitt denominó el fenómeno que padecemos como “legislación motorizada”. En Países Bajos no pasa nada de eso. El Parlamento continúa dominando el proceso legislativo.
La administración fiscal neerlandesa funciona eficientemente y emite frecuentemente tax rulings, aclarando los puntos oscuros y pactando con el contribuyente la aplicación de las exenciones permitidas por las leyes, en la medida que beneficien la economía de aquel país. Países Bajos mantiene un estado de bienestar social tan bueno como el nuestro y sus pensiones son superiores a las españolas. No es, en modo alguno, un paraíso fiscal.
La muy peregrina moción de Podemos para retirar a Ferrovial cualquier subvención, o ayuda recibida en el pasado de las Administraciones Públicas, suena a venganza. Pero esta moción tiene poco recorrido en derecho europeo, pues, como ha explicado la prestigiosa catedrática de derecho internacional público, Doña Araceli Mangas, los tratados europeos imponen a España la libertad de establecimiento en cualquier país de la UE, incluyendo el traslado de la sede social de un país europeo a otro.
Alfonso López-Ibor Aliño, socio fundador de López-Ibor Abogados.
Publicado en: Cinco Días – El País