El final del periodo transitorio de MiCA plantea una cuestión fundamental para los proveedores de servicios de criptoactivos que todavía no han obtenido autorización: qué sucede con aquellas entidades que continúan operando una vez agotado el plazo de adaptación.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha aclarado el escenario y ha reforzado la idea de que la transición hacia MiCA debe considerarse concluida.
Sin autorización no puede continuar la actividad
La posición de ESMA implica que los proveedores de servicios de criptoactivos que no cuenten con la autorización requerida no podrán mantener indefinidamente su actividad mediante nuevas extensiones o excepciones.
La finalización del periodo transitorio supone, por tanto, un punto de inflexión para las entidades que todavía no hayan completado su adaptación.
El cierre también está sujeto a obligaciones
El cese de actividad no debe entenderse como una interrupción inmediata y desordenada de los servicios.
Las entidades afectadas deberán gestionar su salida del mercado atendiendo a las obligaciones regulatorias correspondientes y garantizando una adecuada información y protección de sus clientes.
La gestión de los activos, la comunicación con los usuarios y la ejecución de las operaciones pendientes adquieren especial relevancia durante este proceso.
Una cuestión también relevante para los inversores
La nueva etapa de MiCA obliga igualmente a los inversores a prestar mayor atención a la situación regulatoria de los proveedores con los que operan.
Comprobar que una plataforma se encuentra debidamente autorizada constituye una medida esencial dentro del nuevo entorno regulatorio europeo.
MiCA entra en su fase plenamente operativa
Como señala Victoria Moreno Motilva, abogada de López-Ibor DPM, la posición de ESMA transmite un mensaje claro al mercado: el periodo de adaptación ha terminado.
MiCA entra así en una fase en la que el cumplimiento efectivo sustituye progresivamente a la transición regulatoria. Para proveedores e inversores, conocer la situación jurídica de cada operador será cada vez más relevante para actuar dentro de un mercado europeo sometido a reglas comunes.